Entre el 27 y el 29 de mayo se celebró en Huelva el Seminario Internacional AGROMIG, cuyo objetivo era ofrecer un espacio de diálogo crítico entre académicos, activistas, colectivos, sindicatos y organizaciones de inmigrantes sobre las relaciones entre migración, trabajo y agricultura en diversos contextos geográficos, a partir de diversas experiencias de investigación y activismo.
El programa de los tres días incluyó mesas redondas de presentación de trabajos de investigación, encuentros con colectivos y organizaciones sociales y visitas sobre el terreno.
Los trabajos presentados y los debates abordaron diversas realidades, sobre todo en el sur de Europa, concretamente en España, Italia, Grecia y Portugal, pero también en Polonia, el Reino Unido y Japón, poniendo de manifiesto cómo la transformación capitalista del sector agroalimentario —que implica la inserción en cadenas de valor globales, procesos de integración vertical en los que el sector productivo pierde autonomía, la concentración de tierra, capital y mano de obra, y modelos de producción (super)intensivos «just-in-time»— depende de un régimen laboral que impone un ritmo y una disciplina de trabajo acuciantes y de una mano de obra abundante, flexible y barata.
En este contexto, las políticas migratorias actúan como mecanismos para crear una mano de obra altamente precaria y vulnerable, no solo en el ámbito laboral, sino también en todos los demás aspectos de la vida: la vivienda, la salud, la alimentación, la integración social, etc. Se trata de un régimen de «esclavitud moderna» y de la creación de un «cuarto mundo» dentro del primero, en el que los procesos de racialización en torno al género, la nacionalidad, el color de la piel, etc., desempeñan un papel en la segmentación de la mano de obra y debilitan la solidaridad y las luchas sociales. Los abusos son sistémicos y no una excepción o una anomalía.
Es necesario cambiar las leyes (y abolir la Ley de Extranjería, como señalaron varias intervenciones), hacer cumplir los derechos ya previstos en la ley, pero, sobre todo, es necesario cambiar el modelo agrícola y agroalimentario que actualmente se sustenta en la precariedad generalizada. Además, varias de las intervenciones se centraron en las cuestiones de vivienda y salud (física, mental, emocional, sexual y reproductiva), así como en otras que van más allá de una visión estrictamente centrada en la explotación laboral o el lugar de trabajo, poniendo de manifiesto la importancia de considerar las condiciones de vida, la reproducción social y los procesos de «racialización» en la forma de entender la explotación, la opresión y la lucha social.
Empadronamiento y condiciones laborales
La primera mesa de activistas se centró en las dificultades que tienen los inmigrantes para obtener el empadronamiento en el Estado español, es decir, un certificado de residencia expedido por los ayuntamientos, documento necesario para poder tramitar el resto de la documentación que confiere los derechos básicos de ciudadanía: permanencia, residencia, acceso a la sanidad, etc. El problema no radica necesariamente en la ley, sino en su aplicación, ya sea por la burocracia o la arbitrariedad entre municipios, entre otros factores. La urgencia de este problema en la vida de los migrantes dio lugar a la creación de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que agrupa a 33 colectivos y movimientos sociales, y que celebró, los días 29 y 30 de mayo de 2026, su primer encuentro titulado «Encuentro Por El Padrón», en Sevilla.
La segunda mesa redonda abordó la protección de los derechos laborales y el papel de la Inspección de Trabajo, centrándose en la situación en los campos del Estado español, y contó con la presencia de una jueza, una especialista en derecho penal y representantes de la Federación Sur Acoge, que ha publicado recientemente una guía titulada «Recomendaciones para la actuación de la Inspección de Trabajo en el ámbito agrícola andaluz», y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que desde 2003 publica anualmente los informes «Frontera Sur», en los que denuncia las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Entre las dificultades señaladas en el debate en relación con la garantía de los derechos laborales se mencionó la vulnerabilidad de las personas migrantes, debido a su aislamiento (viviendo en «chabolas» o dentro de las explotaciones agrícolas), las barreras lingüísticas, el miedo, pero también la inadecuación de los servicios en cuanto a horarios, el desconocimiento de los perfiles y realidades de las personas migrantes, la falta de recursos, etc. Se mencionó además que, por lo general, los empresarios saben de antemano cuándo hay inspecciones, no tanto por fallos de la propia Autoridad, sino porque esta tiene que recurrir a medios locales que mantienen relaciones de vecindad con los empresarios.
En Huelva —una de las principales regiones productoras y exportadoras de frutos rojos, especialmente fresas—, donde se aplican los «contratos en origen» en los que se contrata generalmente a mujeres, madres con hijos a su cargo y jefes de familia, de origen rural, pobres y con escasa escolarización, en su mayoría procedentes de Marruecos, la jueza fue contundente al afirmar que nos encontramos ante «la víctima perfecta», no solo porque no tienen condiciones para protestar o denunciar, sino porque cuando son agredidas sexualmente no pueden regresar a sus comunidades de origen. A pesar de encontrarse en situación «regular» al tener contratos de cuatro años, estas trabajadoras tienen pocos o ningún derecho. Señaló que la mayoría de los casos son casos penales por condiciones cercanas a la esclavitud y no casos para los tribunales administrativos por abusos laborales. Incluso cuando hay denuncias de agresiones, por ejemplo sexuales, señaló que los tribunales no hacen nada; no se trata de desconocimiento, sino de inercia y racismo.
Organizarse para luchar contra la explotación y el sistema que la fomenta
La tercera mesa redonda tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Intercultural ASNUCI, en la zona industrial de Lepe, un pueblo fresero. Esta asociación presta asistencia jurídica, imparte cursos de idiomas y se centra en temas relacionados con el empadronamiento y la vivienda. En la mesa también participaron representantes de ASNUCI, de las Jornaleras de Huelva en Lucha, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), de la Unione Sindacale di Base (USB) de Italia, del colectivo Porco Rosso de Sicilia, Italia, y en la que de la asociación Solidariedade Imigrante, de Portugal. Después de presentar cada una de las organizaciones, se debatió, en primer lugar, las estrategias y dificultades de la lucha junto a los trabajadores y trabajadoras agrícolas y, en segundo lugar, cuál es la transición agroalimentaria necesaria.
Ana Pinto, de las Jornaleras de Huelva en Lucha, describió la realidad del trabajo agrícola en Huelva: la mitad son trabajadorxs andaluces, la otra mitad son contratadxs en su país de origen (contratos GECCO), con la premisa de venir a trabajar; viven dentro de las explotaciones agrícolas, donde hasta hace poco las organizaciones y los sindicatos no podían entrar, pero lograron ese cambio en la ley y ahora pueden entrar para hablar y organizar a los trabajadores y trabajadoras; cuando están en el país, pueden trabajar durante nueve meses, solo para un patrón, y después tienen que regresar. Otrxs inmigrantes circulan por el territorio y a menudo viven en chabolas, no están documentadxs y no pueden afiliarse a sindicatos u organizaciones. Lxs trabajadorxs trabajan separados por nacionalidad y etnia y los patrones no quieren a españoles, lo que genera tensiones locales. Todo esto dificulta la unión y la organización de los trabajadores y trabajadoras. También señaló que en la agricultura se está produciendo una «uberización» del trabajo y de lxs trabajadores, lo que dificulta la creación de puntos de encuentro, reunión y convivencia.
Mustapha Korchi, del SAT, se centró en Almería, la gran «huerta de Europa», conocida por ser un «mar de plástico» y por sus grandes almacenes de envasado. Aquí, más del 90 % de los trabajadores y trabajadoras son marroquíes, seguidos de personas procedentes de otras zonas de África, y existe una fuerte segmentación del mercado laboral, con una gran parte de lxs trabajadorxs inmigrantes en situación irregular. Además, existe una relación semifeudal con los trabajadores y trabajadoras basada en relaciones clientelares entre el patrón o supervisor y el trabajador. La estrategia del SAT consiste en organizar a los trabajadores y trabajadoras en las grandes empresas, contando actualmente con unos 40 delegados sindicales. Critican duramente a los sindicatos mayoritarios por aceptar todo lo que viene de los patrones, perjudicando a los trabajadores y trabajadoras. Prestan apoyo jurídico.
Francesco Caruso, de la USB, señaló que la organización de los trabajadores y trabajadoras agrícolas resulta muy difícil debido a la precariedad, la fragmentación y la migración circular, lo que exige reinventar el trabajo sindical. En la región de Apulia se cultiva tomate entre junio y septiembre. Aquí hay muchas aglomeraciones de chabolas porque es una de las pocas zonas donde existe una política de «tolerancia», sin policía ni desalojes. El sindicato parte de la situación de vulnerabilidad y marginalización de los trabajadores y trabajadoras para movilizar a este colectivo: el principal problema y punto de conexión es la cuestión de los documentos; prestan asesoramiento social y este es el principal frente de lucha; a continuación, se centran en las condiciones de vida en las chabolas, que carecen de luz y agua, realizando campañas de denuncia en las que reúnen a la gente e intentan crear una identidad colectiva. Intentan además crear un frente con los consumidores a partir de la denuncia de las condiciones de trabajo. Además de esta labor, ocuparon dos parcelas de tierra frente a los asentamientos, iniciando el proyecto de autogestión Terra e Libertà, en Foggia, donde producen pulpa de tomate mediante un modelo con derechos y propician la conexión entre trabajador/a y consumidor/a.
Giulia, de la asociación «Porco Rosso», consideró que la falta de documentos es lo que más limita la vida de las personas migrantes, por lo que la primera lucha que libran es contra el sistema jurídico racista.
Seydou, de ASNUCI, señaló que los principales problemas de los inmigrantes son la falta de documentación y la violencia que sufren a manos de los empresarios y de la administración pública, por lo que es fundamental combatir el racismo tanto en la legislación como en las actitudes. Señaló que los trabajadores y trabajadoras están en primera línea de la lucha y que la forma más eficaz de llevarla a cabo es la huelga, pero resulta difícil organizar a las personas debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran y a sus diferentes necesidades; es el patrón quien se beneficia de esta situación. Hizo un llamamiento a la responsabilidad de los consumidores, ya que en la cadena de valor quienes sufren son los trabajadores: no hay necesidad de consumir frutas y verduras baratas a costa del trabajo esclavo. Esta debe ser también una lucha de los actores sindicales y de las organizaciones de la sociedad civil. Comentó además la importancia de encontrar medios para acabar con la dependencia de las personas migrantes respecto a los patrones y de este sistema de esclavitud, permitiéndoles ganar autonomía y tener otras opciones de vida. Los trabajadores y trabajadoras son esenciales porque sin ellos no hay producción, pero no hay protección para los trabajadores y trabajadoras, solo para los patrones.
Alberto Matos, en representación de SOLIM, explicó que esta cuenta con más de 60 000 afiliados de cerca de un centenar de países y que no es una asociación burocrática, ni depende de la financiación del Estado. Parte de su labor consiste en movilizar a las personas inmigrantes, que representan el 25 % de la población activa, para que luchen en las calles, ya sea contra la nueva Ley de Extranjería, que reunió a más de 5.000 inmigrantes frente al Parlamento, o en las huelgas generales contra el Paquete Laboral. En Odemira, donde se concentra la producción de frutos rojos en invernaderos, el trabajo esclavo se sustenta en la deuda de los trabajadores y trabajadoras con los intermediarios y las empresas de trabajo temporal, que son auténticas mafias y amenazan a las personas y a sus familias en los países de origen. La subcontratación a través de estas empresas es uno de los principales focos de lucha. Han conseguido algunas victorias, como la responsabilización del empresario agrícola en caso de abuso, pero la aplicación es difícil porque estas empresas creadas «en la hora» también desaparecen «en un abrir y cerrar de ojos». La lucha es también contra la nueva ley que ha acabado con la manifestación de interés y exige visados en los consulados de los países de origen, controlados por las mafias locales.
En cuanto a las perspectivas de transición para el sector agroalimentario, Ana Pinto señaló que la transición debe ser ecológica y social. Huelva es una zona sacrificada con mucha contaminación, por lo que es necesario denunciar el extractivismo (minero, agrícola, energético, etc.) y pasar a otro modelo con otras formas de trabajo en la sierra y en el campo, con alternativas agroecológicas y que prevengan los incendios. Destacó la importancia de derogar la Ley de Extranjería que afecta a todos y todas los trabajadores y trabajadoras, creando trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda y provocando una bajada generalizada de los salarios. Habló de la necesidad de crear nuevas formas de sindicalismo que tengan en cuenta las nuevas realidades, así como de la importancia de negociar el Convenio Colectivo de Trabajadores del Campo de Huelva, garantizando los derechos y sin recortes como han hecho varios de los principales sindicatos.
El representante del SAT mencionó el ejemplo del programa Fair Food en Estados Unidos, creado por la Coalition of Immokalee Workers, que obliga a las grandes empresas a cumplir un código de conducta que garantiza salarios dignos y la protección de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. En Almería cuentan con un terreno que les fue donado y están construyendo un proyecto colectivo de alojamiento para personas inmigrantes y, eventualmente, para la producción alternativa.
Francesco, de la USB, señaló que la experiencia de autogestión de la tierra pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema capitalista, pero también las dificultades para construir una alternativa: producen tomates, un cultivo que requiere mucha agua, de la que carece el sur de Italia; además, venden a un precio superior al del mercado para garantizar salarios dignos, pero esto llega a una clase media reflexiva y no a la clase popular; es difícil, comentó. Están intentando cambiar el proyecto para producir otras cosas.
Seydou, de ASNUCI, denunció que Europa no se preocupa por las causas de la inmigración, solo por las consecuencias. No se habla de las mafias europeas, solo de las demás. La primera mafia son las embajadas en los países de origen para las solicitudes de visado: ¿cuántas personas entran con visado? La mafia es el propio sistema de quienes hacen las leyes. En su opinión, hay que poner a las personas en el centro y prestar atención al lenguaje: una persona inmigrante es más que «trabajadora» o «inmigrante» y cada persona tiene su propia historia y trayectoria de vida. Hay que involucrarlas en la lucha para cambiar las leyes y que no sean otros quienes hablen en su nombre.
Alberto subrayó la hipocresía de la «fortaleza Europa» y de los «dueños de todo esto», multinacionales como Driscoll’s, del sector de frutos rojos, que está en todas partes y tiene un poder enorme. Defendió que hay que utilizar los medios de comunicación para denunciar y dar a conocer las luchas de los trabajadores y trabajadoras. También es necesaria una reforma agraria y acabar con la gran propiedad.
Además de esta tercera mesa redonda, se realizó una visita al albergue para inmigrantes de ASNUCI, el primero de este tipo en España, construido durante la pandemia gracias a una campaña de micromecenazgo. Se trata de un proyecto social de baja inversión, autosuficiente, ubicado en una nave industrial, con capacidad para unas 40 personas. Al ser un proyecto de inclusión, es obligatorio asistir a cursos de idiomas y de formación, así como participar en la organización colectiva para la gestión del espacio. También visitamos el alojamiento municipal que acoge a unas 150 personas, inaugurado en 2025 en un edificio público (antiguo matadero), actualmente en obras, enmarcado en el proyecto del municipio de Lepe para acabar con las chabolas (hay vigilantes municipales para impedir su construcción). Aquí hay una fuerte vigilancia y normas que cumplir. Varios de los representantes de las asociaciones locales señalaron que el municipio no ha acabado con el chabolismo, sino que lo ha transformado: se trata del alquiler de camas en casas superpobladas, a menudo en subalquileres de subalquileres, a lo que llaman «casa patera»; aquí, a diferencia de las chabolas, no existe autoorganización, impera el miedo y no es posible empadronarse (en la chabola es posible por ley, aunque a menudo los servicios municipales lo impiden).
En las chabolas de Mazagón
Tras Lepe, nos dirigimos a Mazagón, donde, junto a un gigantesco complejo petroquímico, abundan los invernaderos —algunos de ellos con alojamientos para los trabajadores y trabajadoras, rodeados de alambre de púas— y los asentamientos marginales. Nos reunimos con la Asociación Multicultural de Mazagón en uno de estos asentamientos, donde convivimos con sus residentes.
Aquí viven unos 350 inmigrantes en medio de un pinar de terreno arenoso, cerca de los invernaderos de frutos rojos, a al menos 10 km de los pueblos más cercanos. Se desplazan a pie o en bicicleta. Las chabolas son de cartón y plástico, a veces con chapas de metal y «puertas» de contrachapado. En verano se alcanzan los 45 grados, en invierno hace un frío glacial y, cuando llueve, es un diluvio. Nos pidieron que no tomáramos fotos porque hay muchas personas indocumentadas. No hay luz ni agua, lo que sorprendió al relator de las Naciones Unidas cuando visitó hace tiempo este asentamiento, señalando que ni siquiera en los campos de refugiados ocurre esto.
El ayuntamiento se niega a proporcionar estos bienes básicos, como se vio obligado a hacer durante la pandemia, aunque lleva un registro de las chabolas que existen y de quienes viven en ellas: cuando los trabajadores y trabajadoras se desplazan a otra campaña agrícola, ya que su trabajo es estacional y existe una migración circular estatal, el ayuntamiento derriba la chabola. Con frecuencia se producen incendios en estos asentamientos, ya sean de origen natural o criminal, y las personas pierden todo lo que tienen, por ejemplo, los visados y documentos necesarios para regularizar su situación administrativa, o incluso sus propias vidas.
Una «curiosidad»: aunque en estos barrios marginales no hay agua ni luz, se ven antenas en las copas de los árboles. Cuando preguntamos qué eran, la respuesta quedó clara: wifi. ¡Los inmigrantes son de los mejores clientes de Internet y las empresas tecnológicas no dejan pasar ninguna oportunidad de negocio!
Contratos de esclavitud
La última mesa se centró en la forma de contratación de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, siendo evidente el régimen de excepción que rige en este ámbito. Se presentaron los casos de los «contratos de origen» del programa GECCO de España, el «decreto flussi» en Italia (sistema de cuotas anuales) y los programas de migración temporal en el Reino Unido, Francia y Japón.
El programa GECCO, en el caso del sector de frutos rojos, establece como condición de contratación en Marruecos el criterio de que sean mujeres y madres «jefas de familia», lo que no sería posible con trabajadores y trabajadoras españoles. Estas mujeres firman en su país de origen un contrato en un idioma que no conocen y que no es válido en España; aquí firman otro, también en español, en condiciones contractuales muy desfavorables. Es una forma de «secuestro legal» y de «esclavitud legalizada», según el periodista Said El Mrabet; o de «contratos de esclavitud» para el periodista Perico Echevarría, quien denuncia que el programa GECCO se financia con fondos públicos, sin garantías de derechos de vivienda y salud, por lo que el Gobierno está financiando la esclavitud.
Emmanuele Elliot, del colectivo CODETRAS, señaló que en Francia, en la región de Provenza, se puso en marcha un programa de trabajo temporal en los años setenta y ochenta con trabajadores de Túnez y Marruecos que deben regresar a su país de origen al final de la temporada. Había personas que llevaban más de 20 años en este registro, a menudo trabajando siempre para el mismo patrón y residiendo en la explotación agrícola, en un sistema paternalista, con casos de patrones que entregaban «cartas de libertad» a los trabajadores para que pudieran trabajar para otro patrón. Este colectivo comenzó por publicar, en 2005, un Libro Negro sobre la Explotación de los Trabajadores Agrícolas en esta región, a modo de denuncia, seguido de procesos judiciales que lograron el reconocimiento de que este trabajo no era temporal: esto permitió regularizar la situación de más de 4.000 trabajadores hasta 2010, pero desembocó en la creación de empresas de trabajo temporal (ETT), en connivencia con los grandes agricultores. Actualmente existe un sistema mixto, entre el programa de trabajo temporal y las ETT. Desde su punto de vista, la lucha por la regularización debe ir acompañada de la lucha sindical, ya que los problemas persisten en el campo.
Stefano, de la USB, señaló que el sistema de cuotas negociadas entre el Estado y la patronal funciona mediante la solicitud de visados en los países de origen por parte de los trabajadores y trabajadoras, lo que genera muchos problemas burocráticos, corrupción en los consulados, tramas ilegales con empresas fantasma que cobran por emitir contratos de trabajo falsos y retrasos que impiden a las personas renovar su permiso de residencia. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras que llegan en virtud de este decreto permanecen en el país sin documentación.
Sam Scott, investigador, habló de la situación en el Reino Unido, donde existe un programa de trabajo temporal desde 2014, que se ha modificado con el Brexit, lo que ha provocado una disminución de la inmigración procedente de Europa del Este en favor de los inmigrantes de Asia Central. Se trata de un programa en el que participan cinco grandes empresas, con el patrocinio del Gobierno británico. Los trabajadores pueden permanecer seis meses; el 80 % son hombres, de alrededor de 40 años, que se alojan en malas condiciones en las explotaciones agrícolas; el visado obtenido vincula al trabajador a una explotación agrícola específica. En 2025 había unos 35.000 trabajadores y trabajadoras en este programa. No hay forma de obtener un permiso de residencia permanente; pueden regresar todos los años mediante estos visados, que se pagan, al igual que los gastos de transporte, lo que implica contraer una deuda en los países de origen o con un intermediario. La intensidad del trabajo y el ritmo de producción son enormes, con poco tiempo de descanso; los salarios son bajos y no se pagan horas extras. En el Reino Unido hay pocos sindicatos que trabajen en el sector, son más las organizaciones no gubernamentales.
Japón cuenta con un programa específico y complejo que no permite la inmigración con estatus permanente. Existen varios programas estatales, siendo el principal un programa de formación de técnicos bajo el lema de la cooperación entre países, pero que en la práctica funciona como un canal de transferencia de mano de obra barata. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas proceden principalmente de Filipinas, Vietnam y Camboya. Existe una entidad supervisora y los trabajadores y trabajadoras pueden permanecer entre 3 y 4 años con el mismo empleador, siendo difícil o imposible cambiar de empleador; en la agricultura pueden quedarse hasta 5 años. En este caso, los trabajadores y trabajadoras están documentados, pero tienen derechos limitados y muchos se enfrentan a grandes deudas en sus países de origen, no hablan el idioma, etc. Todo ello se deriva de la regulación del Estado, que no garantiza derechos, sino que organiza la precariedad.
En el seminario también se pudo ver la exposición de la periodista de investigación Stefania Prandi sobre las condiciones de vida en los campos de Huelva, en especial de las trabajadoras, titulada «Bitter Strawberries», y parte de sus diversos trabajos de denuncia de las condiciones de explotación y abuso en estos enclaves agrícolas.
Este reportaje ha sido publicado por Rita Calvario, investigadora del Instituto Universitário de Lisboa, y miembro del proyecto Swift, en el medio portugués Esquerda.net
