Reproducción integral de la comparecencia que realizamos el 16 de julio de 2024 en el Parlamento de Andalucía con respecto al «Proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía», impulsando por la Junta:
«En primer lugar, agradecer que nos hayan invitado a comparecer en
esta comisión. Jornaleras de Huelva en lucha es una asociación auto organizada
por las mismas trabajadoras del campo, y actualmente acompañamos a mujeres y
hombres que trabajan los frutos rojos y en otros campos de Huelva, por lo que
conocemos de primera mano la situación y los graves abusos que se sufren y que
nosotras mismas hemos sufrido.
Para que se hagan una idea, en toda nuestra trayectoria hemos atendido a trabajadoras de las que han abusado sexualmente, hemos acompañado a mujeres enfermas de cáncer cuyas empresas las habían abandonado, desentendiéndose de su responsabilidad. Esta temporada estamos atendiendo a mujeres que se medican a diario para poder aguantar en el tajo.
Ejercemos también la acción sindical ante despidos, incumplimientos del Convenio
colectivo, y mediamos con las empresas para conseguir derechos para los
trabajadores.
Y esto es sólo la punta del iceberg de toda una estructura de abuso. Porque la
problemática a la que nos enfrentamos las mujeres que
habitamos en el ámbito rural tiene mucho que ver con las estructuras y el gran poder
de la industria agroalimentaria actual.
Nuestras abuelas han visto cómo, en las últimas décadas, el campo andalúz ha
sufrido un proceso por el cual la tierra, el mar y sus frutos se han convertido en el
negocio de quienes precisamente no la trabajan. La propiedad se ha ido
concentrando en unas pocas manos. Y estructuras locales, nacionales y
transnacionales, se apropian y exprimen los bienes naturales y el trabajo de las
personas en provecho de grandes fondos financieros cuyo único interés es hacer
dinero.
Cuando nos llegó el texto de este proyecto de ley, pensamos que propondría
medidas encaminadas a cambiar esta lógica y devolver a las mujeres de Andalucía la capacidad de sostener el campo, de organizarse,
disfrutar de sus recursos a través de una mayor protección de sus derechos.
Pero no es así.
El texto del proyecto afirma expresar “el compromiso del Gobierno andaluz con
las mujeres de los sectores agroalimentario y pesquero” . Sin embargo,
comprobamos que las medidas que propone parecen dirigidas únicamente a las
mujeres que poseen tierras. Llámenlas “dueñas”, “jefas”, “encargadas”,
“propietarias”… o por lo menos, es lo que percibimos después de haber leído el
documento. De hecho, el texto del proyecto no cita en ningún momento a las
‘jornaleras’. Cuando son el colectivo que sostiene el cultivo de la tierra.
Nos hemos detenido a analizar algunos artículos:
El artículo 2 habla de la igualdad de oportunidades y trato mediante una
discriminación positiva. Sin embargo, a lo largo de todo el documento se ignora la
interseccionalidad de la discriminación. Y es que las mujeres rurales componen un
grupo social con gran diversidad, de orígenes y condicionamientos sociales, al que
el “feminismo” liberal y al conservador, no les gusta reconocer.
No vemos por ejemplo que se aborden discriminaciones flagrantes, como las que sufren las compañeras de origen marroquí que vienen a trabajar las tierras de Huelva. Para
conseguir un contrato en origen, los requisitos que les piden es que tengan menores
de 14 años o personas dependientes a su cargo, que sean viudas o divorciadas y,
valga la redundancia, que sean mujeres y rurales, en su mayoría analfabetas.
Este tipo de prácticas de contratación se llevan realizando desde hace más de 2
décadas, con un objetivo claro de escoger a aquellas mujeres que, por sus
condiciones de vida y su gran necesidad, las empresas contratantes entienden que
puedan ser ‘más dóciles’ y, por tanto, más fáciles de explotar.
En el artículo 3 definen el concepto de “mujer rural”, refiriéndose a las mujeres que
ejercen su actividad en los sectores regulados por la ley. Como comentábamos
antes, echamos en falta, tanto una definición más explícita, como que el
alcance de la ley incluya a las jornaleras Esas mujeres que se levantan a las 5
de la madrugada para recoger la fruta de los campos y la manipulan en los
almacenes. Aquellas mujeres a las que durante la pandemia llamábamos
esenciales, porque garantizaron un plato de comida en nuestras mesas. Y es que
durante el confinamiento, mientras la mayor parte de la sociedad estaba protegida
en sus casas, ellas estaban arriesgando su vida en los campos.
Son estas mujeres las que ahora, unos años después, son dejadas de lado en un proyecto de ley que tiene por vocación el compromiso por parte de las instituciones con las mujeres
rurales. ¿Es este su compromiso? ¿Ni siquiera mencionarlas?
Nos da la sensación de que este uso genérico e impreciso del término ‘mujer
rural’ en la ley, es intencionado, para invisibilizar y no abordar los derechos de las
trabajadoras del campo quienes, como hemos dicho, se levantan de madrugada
para trabajar en condiciones durísimas, a veces encadenando varias faenas.
El proyecto de estatuto cita textualmente que “el enfoque de género, el
empoderamiento y la visibilidad de las mujeres son principios transversales a la ley”.
No puede existir ningún tipo de empoderamiento, ni enfoque de género si no
se cumplen los derechos laborales básicos de las jornaleras. No puede haber
visibilidad cuando ni siquiera se las nombra.
En el artículo 4, que es sobre la ‘representación en los órganos de dirección de
las cooperativas, sociedades, asociaciones y organizaciones profesionales’
podemos observar diferentes representaciones sin nombrar la fundamental si
queremos la transformación y la igualdad de oportunidades en el campo: fomentar la
organización de las trabajadoras agrícolas para defender sus derechos. Un punto
más que demuestra que esta ley sólo habla de la igualdad en los despachos y en
las grandes mesas caobas de las cooperativas.
“Corresponsabilidad” y “conciliación” son términos que podemos encontrar en el
artículo 5, artículo 8 y artículo 10. ¿Me pueden explicar cómo se consigue la
conciliación teniendo jornadas laborales de hasta 14 o 18 horas en los
almacenes de manipulado, como ocurre en Huelva y en Almería? Jornadas en
las que muchas mujeres han dormido hasta en los coches, frente a sus centros de
trabajo, porque el volver a casa era arriesgar sus vidas en una carretera o el no
volver a tiempo a su siguiente jornada laboral.
En esas condiciones, como pueden ver, no hay cabida para la conciliación o la ruptura de los roles de género. Y no protestes, ni exijas un mínimo de descanso, porque ya sabes dónde está la puerta.
A todas esas compañeras que protestan son a las que atendemos luego en nuestra
organización. Nosotras mismas hemos sufrido esa represión, por eso estamos aquí
hoy dando la cara, porque lo perdimos todo por reclamar estas bonitas palabras que
de manera difusa recoge el proyecto de ley, sin materializarse en protecciones
concretas.
Pasamos al artículo 9, que habla de ‘los procesos de cambio necesarios
orientados a lograr la igualdad en el ámbito del empleo’ y con este punto
también nos referimos a los artículos 22 y 23. Antes de primar, en los criterios de
valoración de ayudas y subvenciones, a empresas que elaboren un plan de
igualdad, asegúrense que cumplan, como mínimo, el convenio colectivo de su
provincia.
Seguimos con el artículo 9, y en referencia al punto del protocolo para la
prevención y actuación en los casos de acoso sexual o por razón de sexo. En
ningún momento se indica nada sobre los casos de acoso mediante relaciones de
poder. Es decir, de jefes a trabajadoras.
Cuando en nuestro día a día la realidad es que las compañeras sufren acoso y no lo denuncian por miedo a perder su trabajo.
O porque como hemos vuelto a ver esta campaña: en menos de 24 horas un juez
vuelve a sentenciar que las trabajadoras marroquíes que denuncian algún tipo de
abuso sexual es porque «tienen intereses espúreos. Quedarse en España y coger los
papeles” Este tipo de acoso, que no se ejerce de un igual a una igual, no está
contemplado. Comprobamos, una vez más, que esta ley no está orientada a
proteger a las trabajadoras del campo, a las jornaleras. Y mucho menos para las
jornaleras migrantes que viven en el mismo tajo en el que trabajan, sin acceso a un
vehículo de transporte en caso de urgencia, sin tener ni idea de burocracia y justicia
española, y sin lo más importante, el idioma para poder contarlo.
Queremos recordar que cuando hablamos de mujeres rurales en Andalucía, también hablamos de nuestras compañeras migrantes. De Marruecos, de Rumanía, de Bulgaría, de
Honduras, de Ecuador, de Guatemala y de Colombia, las compañeras que vienen
cada año a salvar la cosecha.
Y aquí queremos hacer un inciso. Por mucho que les pese a algunos, son éstas
trabajadoras que migran quienes salvan nuestras cosechas, mientras tienen que
escuchar discursos basados en falsedades y en odio, como que por venir de otros
países, son el problema. Llevamos años compartiendo trabajos, experiencias
laborales y personales, y sabemos que no son el problema.
Ellas son nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras hermanas de tierra. Si el campo tiene algún enemigo, éste es quienes participan en toda una cadena de explotación que
nos mantiene a todas las personas trabajadoras en desigualdad de condiciones,
para poder abusar de las más vulnerabizadas, mientras nos dicen una y otra vez
que vienen a quitarnos el trabajo. Y a su vez, que curioso,que ‘lxs andalucxs somos
flojos y no queremos trabajar’” que preferimos cobrar el paro”.
Esta estrategia del divide y vencerás, de enfrentar al último contra el penúltimo, para distraernos de los verdaderos problemas que enfrentamos las trabajadoras con nosotras no
funciona, señorías.
Por todo esto que hemos nombrado, no creemos que se pueda hablar sobre una
igualdad real si no se garantiza el acceso al trabajo decente en nuestra tierra.
Garantizar el derecho al trabajo digno en sí para TODAS las trabajadoras.
Las mujeres rurales necesitamos un proyecto político serio y ambicioso que
garantice el acceso a la tierra y a los alimentos, al entorno natural y espacios en
autonomía y corresponsabilidad.
Creemos que un proyecto de ley de estatuto de las mujeres rurales y del mar sin cambios sustantivos en este estado de cosas, es una simple operación de maquillaje, un gesto vacío que redunda en generar más normativa, más propaganda y lavado de cara, otro cansino panfleto pseudofeminista que enmascara las problemáticas de fondo.
O se revisa bien esta ley para que realmente legisle para la mayoría de las mujeres
rurales, es decir, a todas las trabajadoras del campo, o será un documento vacío de
contenido, que no represente y defienda los derechos de la mayoría de mujeres
rurales andaluzas, con alternativas reales y con garantías para las mismas. O
cámbienle el nombre y llámenla como lo que es realmente; una ley para las mujeres
propietarias de explotaciones agrarias.
Para terminar les dejamos algunas ideas claves para que sepan por dónde empezar
si de verdad queremos proteger a las mujeres rurales y dignificar su trabajo:
● Reforma agraria andaluza de cabo a rabo, y acabar con este
sistema agrario que nos tiene en una ratonera y en la precariedad
desde hace décadas. Por un lado, es necesario acometer un proceso
de desprivatización, o de colectivización de la tierra y puesta al servicio
de las comunidades rurales. Por otro lado, necesitamos dignificar el
estatuto de las trabajadoras del campo.
Os recordamos que el sello agrario cuesta ahora mismo más de 150 euros al mes, y que es
obligatorio pagarlo todo el año para poder cobrar la miseria de 450 euros durante 6 meses al año. Si tienes la suerte de que tu jefe te apunte to las peonás y reúnes las necesarias para poder cobrarlas. 450 euros durante 6 meses. La «paguita» de la que dicen que vivimos en
Andalucía, y por la que preferimos no trabajar.
● Acceso a la tierra a las personas que pretendan trabajarla desde
el respeto, en lugar de dar manga ancha a los fondos de inversión,
que implantan producciones medioambiental y socialmente
insostenibles a corto-medio plazo.
● Transición agroecológica y la transformación de sistemas de
regadío a secano. Tenemos de una vez que tener en cuenta la
gravedad de las consecuencias del cambio climático, y de la sequía y
la desertización a la que estamos abocadas, sobre todo si seguimos
implantando estos modelos de extractivismo depredadores en nuestra
tierra.Llámese frutos rojos, aguacates, o minería verde. Y las mujeres
y las niñas seremos las primeras en sufrir las consecuencias.
● Un convenio digno para toda la comunidad andaluza. Que se
aplique realmente y que venga de la mano de una verdadera labor
inspectora. Que nos digan una sola empresa en Huelva que pague la
hora extra o el kilometraje tal y como indica el que tenemos
actualmente. Y eso que CCOO el año pasao les puso en la mesa un
Convenio firmado a la baja para las personas trabajadoras. Búsquenla, a
ver si la encuentran.
● Unas Alternativas laborales dignas y sostenibles ( de verdad ). Por
ejemplo, recuperar el trabajo en el monte, para evitar el riesgo de
grandes incendios de sexta generación, los cuales están siendo
imposibles de apagar. Sin duda la mejor alternativa para fijar la
población al territorio, para evitar el desastre natural que supone un
incendio de esas envergaduras, y lo que cuesta económicamente a
posteriori.
● Apostar por actividades que no solo sean de cultivo (o
extracción) sino también transformadoras, de bajo impacto
ambiental y alto nivel social, con los frutos obtenidos del mar y la
tierra, y contando con los saberes que se han ido depositando de
generación en generación entre mujeres.
● La facilitación de servicios de calidad en los suministros, la
comunicación,la seguridad,los cuidados y la salud, en los entornos
rurales de los cuales las mujeres así como las personas mayores y los
y las niñas son quienes más dependen.
Así que vayan tomando nota: y si de verdad quieren proteger los intereses y la
integridad de la mujer rural en Andalucía, dejen de mirar a otro lado. Dejen de
ignorar o maquillar casos de explotación graves. Dejen de beneficiar los intereses
de los fondos de inversión y de la patronal. Y garanticen la protección de los
derechos de todas las mujeres trabajadoras rurales, independientemente de
su origen y condición.
